La Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, al participar en un debate de prisión perpetua para algunos crímenes graves en contra de niños y niñas afirmó que “la aplicación de la medida es excepcional, y dependería de la gravedad y/o reincidencia en el delito”.

Ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, en el sexto debate en que se dio trámite al proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política, para suprimir la prohibición de la pena de prisión perpetua y establecer la prisión perpetua revisable, Cabello Blanco sostuvo también que “el juez deberá hacer una valoración de las conductas para implementar la medida”.

“La medida tiene un componente de resocialización, pues el condenado tiene la posibilidad de tener una revisión a los 25 años de privación efectiva de la libertad”, precisó la Ministra.

Agregó que la iniciativa que se debate “también se contempla una garantía especial, que es un control automático de la sentencia, lo cual implica la revisión por parte del superior jerárquico del juez quien la profirió, y de esta forma evitar que existan errores judiciales”.

De otro lado, la MinJusticia indicó que la implementación de la prisión perpetua en el país no vulnera ningún tratado internacional, y que se aplicaría solo en los casos de delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo.

La alta funcionaria señaló que el Gobierno Nacional, y particularmente el Ministerio de Justicia y del Derecho, estará muy atento a colaborar en el desarrollo del Proyecto de Ley que permitía regular este Acto Legislativo, si llegara a concretarse.

Este proyecto de Acto Legislativo pretende implementar excepcionalmente la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.

En el marco de la Plenaria, la ministra Margarita Cabello señaló que, “la familia es la base de la sociedad, y es el único espacio de protección plena del individuo. Cuando no hay un ambiente familiar sano, esto se ve reflejado en nuestra sociedad”.

Asimismo, manifestó que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y debe hacer todo lo que sea posible para cumplir con este propósito.

La jefe de la cartera de Justicia también recalcó que ya han sido 22 los intentos para sacar adelante este tipo de iniciativas, pero que no ha sido posible su materialización.

En particular, también la ministra exaltó que este nuevo proyecto de iniciativa legislativa ha sido estructurado adecuadamente, pues ha ponderando varios elementos que permiten la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo brinda garantías jurídicas a los victimarios.